Mendoza, la quinta provincia del país con más villas miseria

En Mendoza hay 205 villas miseria, el 5% del total del país. Sólo Buenos Aires (1.612), Santa Fe (333), Chaco (264) y Misiones (243) superan a la provincia en este ranking.

Los primeros resultados del relevamiento realizado en conjunto con ONG y movimientos barriales, entre agosto de 2016 y mayo de 2017, indicaron que en el país existen 4.100 villas. Si se agruparan todas en un mismo territorio, conformarían un área más grande que la Ciudad de Buenos Aires.

En el caso de Mendoza, llama la atención la diferencia con provincias vecinas. Por ejemplo, según el informe, en San Juan existen 29 asentamientos y en San Luis sólo 23.

De estas villas, más de la mitad (2.275) nacieron antes del 2000, mientras que 749, casi un cuarto del total, son posteriores a 2010. En tanto, de 1.340.272 personas relevadas, el 38% son niños o jóvenes de hasta 20 años, y el 3% son mayores de 65 años.

El relevamiento

El Estado busca conocer y regularizar la situación de más de un millón de personas que viven en asentamientos a través de la creación del decreto 358/2017 bajo la denominación de Registro Nacional de Barrios Populares.

Según indica el decreto, la función principal de este registro será “asentar los ‘barrios populares’, las construcciones existentes en dichos barrios y datos de las personas que las habitan a efectos de desarrollar políticas públicas habitacionales inclusivas”. Así, a partir de esta base de datos iniciar políticas tendientes a la regularización dominial.

“La precariedad en la tenencia del suelo incide negativamente en la calidad de vida de las personas, limitando el acceso a la infraestructura y a los servicios públicos, lo que contribuye a la generación de situaciones de pobreza, marginación y fragmentación social”, señala la norma.

Se denomina “barrio popular” a los barrios donde viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica o cloacas.

De esta manera, las familias que forman parte de este registro recibirán un Certificado de Vivienda Familiar, instrumentado por la ANSES, que será requisito suficiente para “acreditar la existencia y veracidad del domicilio, a los efectos de solicitar la conexión de servicios tal como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas; solicitar CUIT y CUIL, realizar peticiones ante los organismos públicos; solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas”.
Fuente: Infobae