Cada vez más llamadas para cobrar deudas vencidas

Con amenazas por deudas, embargos, informar al Veraz y hasta envíos de falsas cartas documento, empresas de cobranza intentan sacar rédito del miedo y la falta de información de los consumidores.

Alertan que cada vez es más frecuente la modalidad de estafa en la que estudios jurídicos llaman a personas y las amenazan con embargos o intimaciones para intentar cobrar deudas inexistentes o ya prescriptas, práctica que está prohibida por la Ley 24.240, de Defensa del Consumidor.

Cientos de casos de este estilo fueron denunciados ante organismos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Según los especialistas, los reclamos son principalmente por presuntas deudas de servicios de telefonía celular, cable, compra de electrodomésticos o tarjetas bancarias.

“Hay bastantes reclamos por estas prácticas, que son contrarias a la ley de Defensa del Consumidor. En general son deudas prescriptas, que tienen más de 8 años y la gente no está obligada a pagar”, explicó a POPULAR Gerardo Guglielmotti, director del área de Derechos del Consumidor de la Defensoría del Pueblo porteña.

El especialista señaló que la mayor cantidad de reclamos se da con “Telecom, Personal, Columbia y Garbarino” y precisó que “los montos varían: pueden ser más elevados cuando hay préstamos o electrodomésticos en cuestión, o más bajos en servicios menores, aunque en esos casos también va subiendo con los intereses”.

Sobre el modus operandi de los estudios, Guglielmotti detalló que “compran deudas viejas y después cobran un monto bajo amenazas de embargo, aprovechando el miedo de la gente a estas prácticas hiper intimidatorias, que pueden incluir que te digan que entrás al Veraz o que te manden un símil carta documento. O que te vuelven a informar al Veraz, que es una mentira”.

“Estos estudios se caracterizan por la coacción y se aprovechan sobre todo de la gente grande. Hasta llaman a familiares o vecinos, haciéndote quedar como moroso”, advirtió.

Lo mismo ocurre en el ámbito bonaerense. El titular de Consumidores Responsables y encargado de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Henry Stegmayer, reconoció que “hicimos muchas gestiones para ayudar a vecinos con el reclamo de cobro de deudas prescriptas”.

“En los llamados, te reconocían que la deuda estaba prescripta, pero argumentaban que se puede seguir reclamando. Hasta te mandan cartas documento haciéndose pasar por el Veraz”, relató.

Stegmayer agregó que también ocurre con tarjetas de crédito: “Muchas veces la persona dio de baja la tarjeta y le quedaron 90 pesos o centavos por gastos administrativos. Eso queda dando vuelta y al tiempo se transforma en 2 mil pesos y aparece un estudio jurídico que te reclama deuda”.

“También pasa con gastos de renovación de tarjeta. O con gente que se pasó de compañía de teléfono de celular y les exigen pagar una deuda por no cumplir los 24 meses de un contrato que nunca le informaron”, resaltó.

“Hay una violación de los derechos, porque quizás el banco no le explicó que quedaba un ‘pucho’ y la persona no pidió un libre deuda. La ley 24.240 plantea multas y sanciones. Si un organismo le da la razón al consumidor, éste puede pedir un resarcimiento a la Justicia. El tema es que la mayoría quiere sacarse el lío de encima y nadie reclama”, expresó el especialista.

Y recomendó a los damnificados por estas situaciones “acercarse a la oficina de Defensa del Consumidor o llamar para preguntar qué deuda están reclamando, que se informen y asesoren”.

Por su parte, Guglielmotti, no dudó en señalar que el defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, “recomienda que no se pague inmediatamente, por más amenaza que haya. Y que recuerden que un embargo no se hace en 5 minutos, necesita de la decisión de un juez”.

“Si no recuerda la deuda, la persona tiene que pedir al estudio la información referida: contrato, deuda y motivo de la misma. Con eso, lo acerca a la Defensoría para revisarlo y se le arma un texto para que los estudios vean que tienen asesoramiento. Te pueden seguir llamando después de eso, pero no hay que pagar”, insistió el especialista.

Por si fuera poco, los cobradores son falsos

En diálogo con este medio, un ex integrante de un estudio de cobranzas de Capital Federal, que prefirió mantener en resguardo su identidad, confesó el modus operandi de los mismos, que incluye falsas amenazas, extorsiones y hasta utilización de datos personales.

“Compran paquetes de deuda. La mayoría están prescriptas, pero buscan gente ignorante y le dicen que van a embargar todo lo que tengan. No se cobra un monto menor, sino que pasan intereses. Dicen que la deuda es de 500 pesos, que actualizada sería de 5 mil y que ‘la dejan’ a 3 mil”, relató.

El ex empleado aseguró que “el 80% de los cobradores se hace pasar por abogado, pero hay estudios donde hay uno solo” y, ante la consulta por la insistencia de las comunicaciones, graficó: “Es constante. Para la noche y los fines de semana, cuando no hay nadie, programaban llamados automáticos”.

Incluso, reconoció: “Teníamos un programa con toda la información de la gente. Cuánto ganaban, qué vehículos tenían, hace cuánto trabajaban, si tenían deudas con otras entidades, sus teléfonos, sus direcciones. Y si no contestaban, hasta mandaban falsas cartas documento”.

A la hora de tratar con estos estudios jurídicos, es importante recurrir a la Defensoría o contar con especialistas cercanos. De hecho, este ex trabajador señaló que “los clientes no te daban bola si tenían un abogado de confianza”, pero denunció que “a veces nos llamaban abogados que habían sido contactados y ya sabían cómo venía la mano, entonces llamaban para repartir la comisión”.

“En ese momento tenía 18 años y ahora me doy cuenta que me lavaron el cerebro. Salis a matar, extorsionás y lo peor es que te sentís un justiciero”, afirmó sobre el accionar coercitivo de estas empresas de cobranzas.

E insistió en que el monto que ofrecen pagar nunca es menor al de la deuda: “Por ejemplo, tenías una deuda de 300 pesos y los estudios la compraban a 150. Después hablaban de intereses y la vendían a 5 mil. Ha pasado que gente que debía 3.500 pesos llegó a pagar 30 mil. Todo por la venta de un auto”.

Fuente: Diario Popular