Canadá está a punto de convertirse en el primer país del G20 -el grupo de naciones con las mayores economías del mundo- que legalice la posesión, el consumo, y la comercialización del cannabis con fines recreacionales.

Con el nuevo marco legal, Canadá permitirá a finales de agosto la compra de cantidades limitadas de cannabis y productos derivados de éste a mayores de edad en tiendas que venden alcohol, que en Canadá son propiedad del Estado, y autorizará el cultivo de hasta un máximo de cuatro plantas por persona. Aunque el país legalizó el uso del cannabis con fines médicos en 2001, esta reforma implica que ese país va a tener la legislación más favorable al hachís y la marihuana del mundo, junto con Uruguay.

El proceso empieza hoy, cuando el Senado canadiense apruebe una serie de modificaciones a la ley C-45, que establece el nuevo marco legal. De allí, la propuesta va a la Cámara de los Comunes, donde también se introducirán modificaciones. El objetivo de Trudeau es que la ley sea aprobada antes de que acabe el periodo de sesiones del Parlamento, es decir, el 22 de junio en el caso de la Cámara de los Comunes, y el 29 en el del Senado.

A continuación se abre un proceso de negociación con las provincias y territorios del país para ajustar en cada uno de ellos los detalles de la ley. Un ejemplo: la provincia de Saskatchewan, en el centro del país, quiere elevar la edad mínima de compra de cannabis. Columbia Británica también tiene una actitud bastante fría hacia la iniciativa. Encajada entre esas dos provincias está Alberta, la más partidaria del nuevo marco legal (tal vez para compensar con la venta de marihuana y hachís la caída de los ingresos por el petróleo). Un tercio de los canadienses jóvenes consumen cannabis.

Los canadienses gastan cada año alrededor de 6.000 millones de dólares (4.650 millones de euros) en la compra ilegal de cannabis, y la legalización del consumo podría hacer aflorar a ese segmento de la economía sumergida. Según algunas estimaciones, la industria del cannabis podría crecer hasta tener una facturación de 3.000 millones de euros anuales en los primeros tres años tras su legalización. Al reconocerlo oficialmente, ese sector podrá acceder a créditos de los bancos, e incluso a cotizar en bolsa. De hecho, en la bolsa de Tronoto ya existen empresas comercializadoras de derivados del cannabis y hasta fondos cotizados (ETFs, un producto financiero muy popular al otro lado del Atlántico) especializados en invertir en el sector. Con el actual proceso legislativo, las acciones y los activos de esa industria están viviendo un boom.

Precisamente, ése es uno de los temores de los opositores de la medida: la creación de una industria del cannabis similar a las del tabaco o el alcohol que acabe creando un problema social de adicción y consumo. En EEUU, donde nueve estados y el Distrito de Columbia (la unidad administrativa formada por la ciudad de Washington) han legalizado el consumo de cannabis con fines recreacionales, se están empezando a alzar voces en favor de la introducción de restricciones.

La ciudad de Denver, en Colorado, donde el uso del cannabis es legal, ha constatado un aumento de la delincuencia desde que la medida entró en vigor.En EEUU, sin embargo, el consumo y venta del cannabis, aunque sea por razones medicinales, está prohibido a nivel federal, lo que ha ocasionado infinitos problemas jurisdiccionales y legales entre los estados y territorios que lo permiten y el Gobierno. El actual máximo responsable del Departamento de Justicia, Jeff Sessions, se opone en redondo a la legalización.