El gobierno publicó hoy la Carta de Intención y el Programa Económico acordado con el organismo de crédito.

El ministerio de Hacienda publicó hoy los términos de la Carta de Intención y el programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI)  para un crédito Stand By por $ 50.000 millones. El programa prevé congelamiento de vacantes en el Estado, la reducción de cargos redundantes, eliminación de envíos de fondos discrecionales a las provincias y achique en gastos corrientes del 15%. También la obra pública que no sea prioritaria para la competitividad de la economía, sufrirá el recorte.

El cumplimiento de estas metas fiscales será el resultado de varias medidas de política:

Continuaremos avanzando en la reducción de los subsidios a la energía y el
transporte con el objetivo de aumentar la proporción del costo de producción de
esos servicios cubierto por el precio pagado por los consumidores, desde el 80 por
ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para el gas, y desde 60
El balance presupuestario relacionado con el programa está definido en la sección MET.6
por ciento en 2017 hasta 90 por ciento en 2020, en promedio, para la electricidad.
Al mismo tiempo, trabajaremos para eliminar las diferencias entre regiones y, para
proteger a los más vulnerables, mantendremos los programas de tarifa social.

▪ Continuaremos con nuestros esfuerzos para racionalizar el empleo público, que se
irá reduciendo a través de: (i) no renovar cargos en puestos no prioritarios, (ii)
congelar las nuevas contrataciones en el gobierno nacional durante dos años, y (iii)
eliminar las posiciones redundantes. Nuestro objetivo es que el gasto en personal
caiga de 3,2 por ciento del PBI en 2017 a 2,7 por ciento hacia el final del programa.

▪ Reduciremos el gasto en compras de bienes y servicios por parte del gobierno
nacional un 15 por ciento en términos reales durante 2018 en relación a 2017 y
continuaremos con este proceso en 2019. El cumplimiento estricto de nuestros
compromisos va a evitar que acumulemos deuda flotante.

▪ Continuaremos ejecutando los proyectos de obra pública esenciales para dinamizar
la competitividad de nuestro país, pero pospondremos aquellos que no lo sean.

▪ Reduciremos las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas
públicas que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos desde su
nivel actual de 0,1 por ciento del PBI en 2017 hasta casi cero en 2021.

▪ Con la Ley de Reparación Histórica asumimos un compromiso, al cual seguimos
vinculados, para trabajar con la comisión parlamentaria correspondiente para
introducir mejoras en el sistema de pensiones que lo hagan financieramente
sostenible y más justo tanto para las generaciones actuales como para las futuras.

▪ Mantenemos nuestro compromiso de reducir y eventualmente eliminar los
impuestos distorsivos en línea con la reforma tributaria aprobada hacia finales de
2017, pero podríamos extender el período de implementación de algunas de estas
modificaciones si fuera necesario para alcanzar nuestras metas fiscales.

▪ Mantenemos nuestro compromiso de mejorar la estructura fiscal federal. Las
transferencias automáticas del gobierno nacional a las provincias aumentaron
durante los años recientes y continuarán haciéndolo hasta 2020. Las transferencias
discrecionales a las provincias asociadas a gastos que han sido asignados como
responsabilidad de cada provincia por la Constitución se irán reduciendo ya que las
provincias tomarán estas responsabilidades. Estas reducciones en las transferencias
discresionales están diseñadas para garantizar que la incidencia no recaiga sobre la
asistencia social ni otro tipo de programas para el alivio de la pobreza que son
ejecutados por las provincias.

▪ No esperamos que la reducción de las transferencias discrecionales a las provincias
lleven a un aumento del déficit a nivel provincial. La Ley de Responsabilidad Fiscal
aprobada hacia fines de 2017 contribuye a alcanzar un sendero fiscal sostenible7
para el gobierno nacional y las provincias. Según la Ley, el aumento previsto en las
transferencias automáticas a las provincias alcanzará para compensar la reducción
anticipada en transferencias discrecionales. Además, la Ley establece que el gasto
primario no puede aumentar en términos reales. Esto implica que, por primera vez
en muchos años, prevemos que la posición fiscal consolidada de las provincias
mostrará equilibrio fiscal en 2018 y superávit hacia el final del acuerdo de Stand-By.
Como se describe en el Memorándum de Entendimiento Técnico, nuestro programa
cuenta entre sus metas indicativas con un piso para el déficit primario del gobierno
general.

▪ Continuaremos trabajando en racionalizar el gasto impositivo en el impuesto a las
ganancias corporativas. Además continuaremos publicando un listado completo de
todos los gastos impositivos en el presupuesto.

▪ Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente
en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de
pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica. Fuente; Nuevas Palabras