El Gobernador recorrió las instalaciones, donde denunció los hechos de corrupción que habían paralizado la construcción. Explicó que al iniciar su gestión, el lugar sólo tenía 27% de avance de obra. “Sin embargo, y en un acto de corrupción, se certificó el 70% de avance”, indicó el mandatario.

El Gobernador Alfredo Cornejo recorrió las obras de la Cárcel Federal en Cacheuta. Estuvo acompañado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Lisandro Nieri; el ministro de Seguridad, Gianni Venier; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares; los ministros del Tribunal de Justicia José Valerio y Dalmiro Garay; el procurador general de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Gullé, y el subsecretario de Infraestructura, Daniel Chicahuala. 

La construcción, que se reanudó a principios de este año, tiene un avance total de 60% en los 34.000 metros cuadrados que constituyen la obra. De esta manera, quedó inaugurada la primera etapa del proyecto. En breve se habilitará un sector para trasladar internos de la Justicia Federal con el fin de descomprimir la situación de las unidades penitenciarias provinciales.

“Vamos a realizar un traslado de 46 internos en las próximas semanas y en 15 días se trasladarán 100 más. A fin de año esperamos traer 60 mujeres con causas federales”, indicó el Gobernador.

En cuanto al atraso del inicio de las obras, el mandatario explicó que se debió a las demoras de la empresa constructora tras los atrasos del gobierno anterior en los pagos. “Se trató de una situación compleja, donde los únicos que han perdido han sido los ciudadanos. Si esta cárcel se hubiera hecho en tiempo y forma, los costos para el Estado nacional hubieran sido menores”, agregó.

“Durante varios años estuvo paralizada la construcción. En estos momentos y tras un acuerdo con la Nación, en el que se rescindió el contrato con la empresa constructora, la Provincia lleva adelante la ejecución de los trabajos, tras una licitación donde participaron empresas mendocinas”, informó Cornejo.

Explicó que al iniciar su gestión, el lugar sólo tenía 27% de avance de obra. “Sin embargo, y en un acto de corrupción, se certificó el 70% de avance”, denunció el mandatario. “De hecho, hoy se está pidiendo la detención de unos de los integrantes de la empresa española que estaba a cargo”, añadió.

“En julio de 2019 esperamos que finalicen las obras”, apuntó Cornejo. “Estamos trabajando en la resocialización de las personas privadas de la libertad y en la seguridad de los mendocinos. Es imprescindible, para ello, contar con una policía profesionalizada y con una buena administración de justicia”, indicó.

“El mayor aporte que se ha hecho en resocialización ha sido en infraestructura pero también en gestión”, señaló Cornejo durante la recorrida. En este sentido, sostuvo que actualmente “de las 4.500 personas privadas de la libertad en la provincia, más de la mitad estudia y trabaja. Queremos que el 100% lo haga”. 

El detalle de las obras que se llevan adelante

El Centro Federal Penitenciario Cuyo estará destinado a procesados y condenados por la Justicia Federal con asiento en Mendoza que se encuentren en establecimientos penitenciarios provinciales. También se ha previsto recibir en las instalaciones a los procesados y condenados por la Justicia provincial considerados de alto riesgo. Se les brindarán las condiciones inherentes al tratamiento que indica la ley y garantizando la provisión de higiene, vestimenta, ropa, alimentación, seguridad y asistencia profesional.

El diseño de la obra tuvo en cuenta el concepto de cárcel como un lugar de reinserción social y no de reclusión. De esta manera, se tienen previstos sectores destinados a la educación y al trabajo, y sectores diferenciados para procesados y condenados.

En los 32.000 metros cuadrados de superficie bruta, confluirán el Instituto Penitenciario Federal de Cuyo para varones, con 392 plazas; el Instituto Correccional de Cuyo para Mujeres, con 112, y el Instituto Abierto, con capacidad para 32 internos.

Esta obra forma parte de un grupo importante de construcciones destinadas al rubro Seguridad y Justicia cuya inversión asciende a $2.475 millones e incluye Almafuerte II, Infope, ductos de seguridad en San Felipe, Morgue Judicial, la ampliación de la Unidad N°3 de mujeres en El Borbollón, la Alcaidía de Tunuyán y el nuevo establecimiento depurador de Cacheuta.